Esta semana el Gobierno ha publicado en el BOE la resolución que reduce la jornada laboral a 35 horas semanales para más de 220.000 empleados públicos de la Administración General del Estado. Sin reducción de sueldo. Es uno de los cambios laborales más importantes de los últimos años en España.
¿A quién afecta?
La medida afecta a todos los trabajadores de la Administración General del Estado — los que trabajan en ministerios, Seguridad Social, SEPE, organismos autónomos y agencias del Estado. En la práctica son los funcionarios que tramitan el paro, gestionan pensiones, trabajan en Hacienda o en cualquier organismo del Gobierno central.
No afecta de momento a funcionarios de comunidades autónomas, ayuntamientos ni sanidad — cada administración negocia por separado.
¿Qué cambia exactamente?
La jornada pasa de 37,5 horas semanales a 35 horas — lo que equivale a 1.533 horas anuales de trabajo efectivo. En la práctica supone aproximadamente media hora menos al día o un día completo adicional libre cada cierto tiempo, dependiendo del puesto y el turno.
Lo más importante: no baja el sueldo
Los trabajadores mantienen exactamente el mismo salario. Trabajan menos horas y cobran lo mismo. El acuerdo fue firmado en marzo de 2026 entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
¿Y el sector privado?
Aquí está el debate. La jornada máxima legal en el sector privado sigue siendo de 40 horas semanales. El proyecto de ley para reducirla a 37,5 horas fue rechazado por el Congreso en septiembre de 2025. De momento no hay fecha para que esto cambie.
Mientras los funcionarios pasan a 35 horas, millones de trabajadores del sector privado siguen en 40. Una diferencia de 5 horas semanales — más de 250 horas al año.
¿Afectará al sector privado?
Históricamente cuando la administración pública mejora sus condiciones laborales genera presión sobre el sector privado. Varios sindicatos ya han anunciado que usarán este acuerdo como referencia en las próximas negociaciones colectivas.
